El uso de redes de información abiertas como la Internet, sí bien ha traído indudables ventajas para el desarrollo del comercio y las comunicaciones, también ha presentado algunos inconvenientes para quienes deben operar con esta nueva tecnología. El origen de estos inconvenientes se ubica, bien en la dificultad de aplicar conceptos y categorías jurídicas tradicionales a contratos realizados por medios electrónicos, tales como los problemas asociados a la validez y capacidad para obrar o conseguir un resultado determinado de las transacciones electrónicas, al lugar de celebración y perfeccionamiento del contrato, entre otros, bien en el propio funcionamiento de los sistemas electrónicos a través de los cuales se desarrolla el comercio.
Frente a esta problemática común a la mayoría de los países en los que el comercio electrónico ha tenido un importante desarrollo, el establecimiento de un marco legal que brinde garantías y seguridad jurídica a quienes realicen transacciones comerciales o intercambios de información por medios electrónicos, ha sido de gran utilidad.
las implicaciones de carácter tributario de la aplicación del impuesto al valor agregado sobre las operaciones de comercio electrónico en Venezuela, para incentivar el desarrollo de nuevas formas impositivas a las transacciones que involucren este tipo de comercio. Es por eso que con el estudio aquí planteado se pretende brindar criterios prácticos sobre los cuales se pueda sopesar una decisión apropiada respecto al tema, sobre todo tomando en consideración la diversidad de factores que se presentan en realidades como la de países desarrollados y cuya situación es de claro atraso respecto de aquellos, tal como es el caso de Venezuela en particular.